Este esbozo de la realidad salvadoreña, busca entre otras cosas generar opinión; nunca establecer verdades absolutas. Es más, debe servir para reflexionar y nunca para adoptar posición en favor o contra de uno u otro Órgano de Estado.
¿Qué es lo que está en juego?

¿Se equivoco la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al emitir la sentencia que declara inconstitucional los nombramientos de Magistrados 2006 y 2012?

¿Es procedente que se conforme una Corte Suprema de Justicia con Magistrados Suplentes, de aquellos que ya terminaron su período?

¿Cuán razonable es que estén funcionando prácticamente dos Cortes Supremas de Justicia?

¿Por qué seguir acusando a la ANEP y al partido ARENA de la problemática? ¿Es acaso una situación en que grupos de fachada deban intervenir?

¿Acaso el pacto social no surgió a fin de evitar que las personas se tomaran la justicia en sus manos?

¿Es el problema de un partido político, de una organización gremial o sindical? ¿Será momento para que las masas estén gritando “el pueblo unido jamás será vencido”?

¿Está en discusión la capacidad y honorabilidad de los Magistrados electos?

¿Debe el Presidente de la República sancionar un Decreto Legislativo, que se origina en los vicios del conflicto?

¿Qué es la integración?

¿Qué avances tienen los países del istmo en esa materia, como para invocar una norma supranacional?

¿Cuáles son las etapas de la integración?

Son muchas las interrogantes que se pueden plantear en relación a la temática, sin embargo, nada puede argumentarse contra lo preceptuado en el Arts. 183 y 185 de la Constitución de la República; los que transcribo:

Art. 183. La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano (nunca de oficio).

Art. 185. Dentro de la potestad de administras justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos, contraria a los preceptos constitucionales.

Después de la Sala de lo Constitucional, sólo Dios; excepto el caso que todos sabemos puede generarse (Art. 87 Constitución, derecho a la insurrección, Rel. Art. 212 Inc. 2º); el cual es una salida poco razonable en los momentos históricos que vive nuestro país.

Consecuencias.

¿Qué sucederá a futuro con cada una de las sentencias de la Sala y otras Salas o de la misma Corte Plena? ¿Acaso eso no lleva a la anarquía, donde cada salvadoreño se reserva el derecho de cumplir o no, una sentencia que emane de los Tribunales?

La institucionalidad debe respetarse.

En una ocasión invoqué la norma que dice: “El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”. Art. 86

Observe…
“Los órganos de Estado colaborarán entre sí”.

¿Acaso no es razonable, que invocando esta norma los Presidentes de los Órganos de Estado se reúnan y analicen las repercusiones que puede tener para la nación la toma de una decisión?

Así las cosas, lo que debe prevalecer es la armonía social; pues al fin y al cabo, los constituyentes lo plasmaron así, en el considerando de nuestra Constitución y que entre otras cosas dice: “establecer los fundamentos de la convivencia nacional”.

¿Acaso los Órganos de Estado no están llevando a una situación sumamente peligrosa a nuestro país?

En mi opinión, la Asamblea Legislativa, ha desobedecido la sentencia que declara inconstitucional el nombramiento de los Magistrados 2006 y 2012.

Por otra parte, el caos jurídico que a partir de la actitud antes indicada se genera; por ejemplo, se puede incurrir en un delito, tipificado como tal en nuestra legislación; por ejemplo: Arts. 322; 340 numeral 4; 341 numerales 2 y 3; 350 del Código Penal, entre otros.

¡Qué triste!

Los de siempre, los que destruyeron este país en su infraestructura, su economía e incluso el tejido social; hoy vienen a destruir la vida institucional de nuestra nación. ¿Por qué emito ese juicio? Porque las masas una vez más han sido movilizadas, a gritar consignas, lemas, en fin, propios del discurso de los que en nombre de la justicia social impusieron una guerra, en la que murieron miles de salvadoreños de los sectores desfavorecidos de nuestro país.

Nuestra realidad social y económica

Finalmente un llamado al pueblo salvadoreño, para que evitemos ser manipulados. Nuestros problemas de nación, como lo son el desempleo, la falta de oportunidades, el alto costo de la canasta básica y otros muchos que de sobra conocemos. Esos son los problemas que nos atañen a los salvadoreños. A los funcionarios de gobierno les elegimos para que nos resuelvan esas problemáticas, nunca para que alteren el orden constitucional establecido.
Resuelvan los conflictos laborales, construyan la fábrica de empleos; en fin.
No desvíen la atención a los graves problemas de nuestra gente.

¡Basta!

Por un El Salvador en paz.

Dios, Unión, Libertad.