La Flexibilidad de las Leyes. ¿Ojo por Ojo Diente por Diente?

¿Será con violencia que se resolverá el problema delincuencial?

Luther King, decía que la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Ahora bien, peor aún, sí el Estado la institucionaliza, con el objetivo de reprimir. Las consideraciones planteadas en este artículo, nos deben permitir reflexionar. ¿Son las leyes flexibles? ¿Es la penología la solución?

El Estado por mandato constitucional está en la obligación de garantizar la seguridad de los habitantes de la república; sin embargo, los índices delincuenciales no disminuyen. ¿Cuál es la respuesta del Estado? Crear la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal. Comentando dicho cuerpo legal, un cibernauta dijo: “…es claro que los delincuentes violan nuestros derechos al trabajo, a la libertad, a la seguridad, y principalmente a la vida. La ley no se vuelve efectiva si no hacemos que su espíritu sea válido”. Destaco lo último; sin aplicación, no hay validez.

Los medios de comunicación social sin así quererlo y utilizando razonamientos equivocados tratan de influir en la población para que “piense que todo es culpa de la ley”. Estamos iniciando la segunda década del tercer milenio y no encuentro peor aberración jurídica que aseverar: “las leyes son flexibles; y por tanto, hay que endurecerlas”. El caso es que si culpamos a la ley, estamos dando por aceptado que los legisladores son incompetentes; pero además, que en El Salvador no hay una política criminal (prevención – reprensión).

Durante muchos siglos ha quedado demostrado que las penas no son la solución. Los que abogan por aumentar el límite de la pena de prisión, por las penas perpetuas, infamantes e incluso por la pena de muerte, desconocen el pasado. “No se puede construir el futuro si olvidamos el pasado”.

Para que el lector tenga una idea comparto algunos apuntes históricos relacionados con las penas. A través de la historia, las civilizaciones han reaccionado frente al crimen de muy singulares formas. En ese sentido, hasta el siglo XIX, se concebía a la pena como un castigo, por ello Francis Lieber (1834), definía a la penología como la rama de la ciencia criminal que se ocupaba del castigo del delincuente. Las penas variaban de una cultura a otra; por ejemplo para los chinos el destierro temporal y perpetuo, la muerte y la tortura. Los indos pena de muerte, tormentos, destierro y mutilación, es tal que el Código de Hammurabí, prescribió entre otras, las penas de muerte por medio del fuego y del agua. En Israel, el azote público, lapidación, etc. Los espartanos pusieron en práctica penas que revestían tal crueldad, que muchos decidían suicidarse antes que vivirlas, por ejemplo la infamia, paseo sin ropas, heridas, tatuajes con fuego, torturas, coronamiento. Ésta última provocaba el suicidio, pues los condenados a tal pena; preferían optar por él, antes que padecer tan grande infamia.

Los romanos incluían entre sus penas, la de muerte; la cual se suavizó con el trabajo en las minas, el destierro y los azotes. Sin embargo eran tan fuertes los tormentos a los que eran sometidos por medio de los golpes, que la mayoría moría al recibirlos. La Ley de las Doce Tablas, institucionalizó los crímenes y la punición, imponiendo penalidades atroces, como por ejemplo el lanzamiento al agua con la cabeza envuelta y metida dentro de un cuero.
Los hebreos castigaban a las mujeres adúlteras a morir lapidadas, en fin muchos otros ejemplos se pueden citar.

Las consideraciones históricas deben hacernos reflexionar, pues no podemos ni debemos institucionalizar la violencia ni la venganza en manos del Estado. Cierto es que los crímenes aterran y conmueven. Las víctimas ven en las penas la oportunidad de venganza. Como hace miles de años se practicaba: “ojo por ojo y diente por diente”.

Lamentablemente la historia ha demostrado otra verdad: “la ley muerde al descalzo”. Ello significa que las personas de los estratos más humildes, que no tienen como pagar servicios profesionales, resultan recibiendo todo el peso de las penas; pero aquellos que ostentan cargos públicos como funcionarios de elección popular directa o indirecta, pueden defraudar a la economía pública y jamás son llevados ante los tribunales. El lector sabe que vivimos en el país de la gente honrada, pues no hay funcionarios corruptos. Bueno, lo único que se oye son los comentarios populares, pero no olvide: “Nadie puede ser declarado culpable sin antes haber sido oído y vencido en juicio con arreglo a las leyes”.

Esto último implica que existen procedimientos legales que se deben respetar; es un derecho que le asiste a todo aquel sobre el que pesa la imputación de un delito (el debido proceso). No podemos volver a ese pasado de luto de los años de guerra en que la gente acusaba alguien de ser guerrillero e inmediatamente le llegaba a sacar de su casa para torturarlo y luego segarle la vida.

Los titulares sensacionalistas de los medios publicitarios de comunicación dicen por ejemplo: “juez deja en libertad a secuestradores”. Otra aberración popular en El Salvador. Los jueces fallan de acuerdo con los indicios o pruebas según sea el caso que le sean presentadas; además existen los recursos de ley para reclamar cuando se dictan resoluciones judiciales que causan agravios. En atención a lo anterior, alguien comentó la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, de la siguiente manera: “esperamos que cese un poco la violencia con esta ley y que los jueces no la hagan pedazos y dejen salir a esos malacates”.

Es responsabilidad de la Fiscalía General de la República, quien tiene el monopolio de la acusación investigar el delito; pero, ¿que demuestra la realidad? Los Fiscales se presentan a las audiencias sin haber estudiado el caso, pues a última hora les comunican que tienen audiencia. Llegan al tribunal leen el expediente sin ninguna preparación. ¿Cómo probar o demostrar? El caso es toda una teoría científica. La falta de personal permite que haya una sobresaturación de trabajo para los fiscales.

Por otra parte, en El Salvador no existe una Investigación Científica del Delito. Ni la Fiscalía, ni la Policía Nacional Civil se encargan de hacer las investigaciones técnicas y científicas. No hay criminólogos, ni criminalistas. ¿Qué podemos esperar con tantas deficiencias y limitaciones?

La prudencia es necesaria, el verter declaraciones irresponsables a través de los medios de comunicación social es un atentado contra su función principal: “decir al pueblo la verdad”. El desconocimiento de lo que se dice y la falta de prudencia contribuyen con el adormecimiento de las masas. La tesis que sostiene que las leyes son flexibles y los jueces cómplices de la delincuencia son aberraciones jurídicas.

No olvidemos que la delincuencia se combate de una forma diferente; jamás las penas han sido la solución. Además, el artículo 27 de la Constitución establece con toda claridad cuál es el fin de aquéllas; por lo que cito textualmente parte de ese precepto: “…corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”. No es venganza, ni castigo; por tanto, jamás debemos permitir que el Estado institucionalice la violencia para reprimir. La Policía Nacional Civil, sigue siendo por hoy, la institución que más violenta los Derechos Humanos. Max Stirner, dijo: “El Estado llama ley a su propia violencia, y crimen a la del individuo”.

Los legisladores deben instruirse para no promulgar leyes incongruentes e inaplicables. Se debe fortalecer a la Fiscalía General de la República con más personal; potencializar  la investigación científica del delito; pero además, establecer con claridad las estrategias de política criminal. De esa manera, evitaremos que los que delinquen estén gozando de libertad.

Por otra parte; no olvidemos jamás, que los salvadoreños somos un pueblo de trabajadores. Miles de compatriotas migran en busca de mejores oportunidades; y en palabras del actual presidente (2009 – 2014), que cito de manera textual: “La riqueza humana del país está dispuesta, sólo falta un gobierno sensible y patriota que la haga crecer”; sin embargo, soy testigo de lo vano de sus palabras, pues las condiciones sociales y económicas no han cambiado para el país; lejos de eso, han empeorado.

Los índices de pobreza son alarmantes, más de la mitad de la población percibe menos de un dólar diario. Ello significa que la pobreza sigue siendo un mal social de difícil solución. No hay empleo. El desempleo en El Salvador constituye uno de los graves problemas sociales que afectan el desarrollo y crecimiento económico. La pobreza tiene sus raíces en diversas causas, entre ellas la falta de superación personal, es decir cuan apta está una persona para insertarse en el mercado laboral. Aunado a lo anterior tenemos la falta de oportunidades, pues la demanda sobrepasa la oferta; y otros muchos factores. La falta de valores; la desintegración familiar por distintas causas; la corrupción estatal y su correspondiente impunidad.

Lo anterior debe ser considerado como parte de la política criminal de Estado; especialmente, sí se desea combatir un flagelo como el considerado en el presente artículo, me refiero a la delincuencia; ésta debe  tratarse fundamentalmente, desde el área preventiva.


La violencia es el último recurso del incompetente, tal como lo aseveró, Isaac Asimov. La coercitividad del Derecho Penal, tiene que estar en consonancia con la realidad social; pero jamás, le debe dar al Estado elementos que permitan institucionalizar la represión estatal.
Lic. Jaime Noé Villalta Umaña
Prof. y Abg.